Por Mayela Armas y Corina Pons
CARACAS, 16 dic (Reuters) -Las oficinas de impuestos venezolanas están desiertas, las facturas de servicios públicos no se cobran y faltan maestros, porque los bajos salarios de los funcionarios públicos generan ausentismo crónico y renuncias de cientos de miles.
Después de una larga crisis económica en el otrora próspero miembro de la OPEP, y tras dos años de una reforma emprendida por el presidente Nicolás Maduro, en muchas instituciones estatales se labora a una fracción de su capacidad a medida que los trabajadores con ingresos que apenas alimentan buscan otras formas de sobrevivir.
Ante el menor personal, ahora las empresas públicas reparan un mínimo de averías y no exigen ni vigilan el pago de facturas de servicios públicos. Los entes que supervisan precios y tributos fiscalizan a pocas grandes empresas y los docentes aún activos no laboran más de 20 horas a la semana, según decenas de sindicalistas y trabajadores consultados.
En Cantv, la mayor telefónica del país que expropió el gobierno en 2007, los sueldos, que se pagan en bolívares, rondan los 6 dólares con bonos semanales que autoriza la empresa, dijo el sindicalista y trabajador, Igor Lira. “¿Ese salario, para qué sirve? Por eso muchos tienen trabajos por fuera”, agregó.
La estrategia si bien ayuda a rendir los ingresos del Estado, desfavorece a la una vez voluminosa masa trabajadora y debilita la capacidad del gobierno para funcionar y regular como antes la economía. En última instancia, presiona más al desempleo y las deficiencias crónicas de los servicios públicos, en un país de unos 30 millones de habitantes antes del éxodo que causó la crisis de los últimos años.
“Por los bajos sueldos más que renuncias, hay deserciones, empleados que piden vacaciones y no regresan”, dijo un empleado retirado tras 30 años de servicio en el transporte subterráneo. Asegura que los trabajadores reciben unos 10 dólares al mes en la compañía en la en que Maduro trabajó como conductor muchos años y eso explica en parte que con la ausencia de empleados, algunas estaciones del metro abren tarde o cierran antes de la hora.
APATÍA
Detrás del desgano general en las filas del gobierno está la decisión de pagar en bolívares y por debajo del ritmo de la hiperinflación. Los trabajadores estatales dicen que la apatía se volvió particularmente aguda este año cuando muchos más comercios cobran dólares, bajo una crisis que agudizó la pandemia del coronavirus.
Un gerente de la compañía eléctrica de Caracas, también expropiada en 2007, dijo que trabaja como taxista o repartidor y solo una vez por semana asiste a la oficina estatal donde gana 4 dólares al mes, lo que cobra por uno o dos viajes al día.
La mayoría de los trabajadores jóvenes del sector eléctrico ha preferido ausentarse y los que van “a veces costean los repuestos de las unidades que se usan para resolver las fallas”, señaló Ángel Navas, un sindicalista de la compañía eléctrica.
Los organismos estatales Seniat, Corpoelec, CVG, Cantv e Ipostel no respondieron a solicitudes de comentarios. Tampoco lo hizo el Ministerio de Información.
Esa apatía de la “clase obrera” que trabaja para el gobierno se evidenció en el poco apoyo a la campaña electoral y luego en los comicios legislativos de este mes. En los centros de votación hubo baja afluencia y aunque el partido gobernante logró el control de parlamento, recibió menos votos que en anteriores procesos electorales.
Rómulo Muñoz, un trabajador que lleva 15 años en la empresa estatal de aluminio Venalum, al sur del país, fue uno de los que por primera vez faltó a unas elecciones legislativas con la esperanza de un cambio.
“No fui a votar para acelerar los procesos y que venga un nuevo gobierno”, dijo Muñoz, descontento con un salario equivalente a unos 10 dólares por mes. “Cuando eso pase, los trabajadores tendremos beneficios y no necesitaremos de ninguna cajita CLAP (de alimentos) para sobrevivir”, dijo.
En hiperinflación y durante la pandemia, los 2,8 millones de empleados públicos que quedan en nómina reciben un promedio de 13 dólares, la mitad de lo que pagan en el sector privado, según un estudio de la firma local Anova. Esta consultora así como otras dos más calculan que por los bajos sueldos al menos 500.000 funcionarios han dimitido en el último año.
Anova estima que al menos una cuarta parte de los 2,8 millones de los obreros, técnicos o profesionales que laboran para el Estado reciben salario mínimo, que por meses se ha mantenido en un dólar a la tasa oficial. Poco importa que la inflación anual alcanzó 4.087% en noviembre, según datos del Congreso, bajo control opositor.
“El salario ha sido golpeado y herido, es una herida abierta, supurante, que vamos a curar, sanar”, dijo Maduro a periodistas en diciembre, cuando le preguntaron porqué permitía en comercios cobrar en dólares, si sus empleados ganan en moneda local. “Venezuela es una economía de resistencia”, explicó al culpar a las sanciones de Estados Unidos.
AUSENTISMO
El rezago salarial no es una medida de última hora. El gobierno lleva tres años autorizando pagos que no cubren el alza de los precios. En noviembre, tras seis meses sin revisión, subió 40% el sueldo de empleados públicos y ese mes la inflación mensual fue 65,70%.
Medir el éxodo general es difícil, porque muchos dejan de trabajar sin renunciar y en pocas oficinas estatales reclaman el ausentismo, según relatan las fuentes. Previo a la cuarentena, en las oficinas públicas los empleados ya no iban todos los días. Luego del confinamiento se fijaron labores por grupos y turnos semanales, pero igual algunos empleados no van.
En las nóminas del Estado, los mejores sueldos los reciben los militares, que ganan unos 17 dólares mensuales en promedio, dijo una fuente cercana al sector militar. Ninfa Barón tiene la remuneración más alta en la tabla de salarios de una universidad pública y recibe unos 10 dólares al mes a tasa oficial, pero subsiste con un trabajo vía remota para una empresa en Paraguay.
El deterioro de los salarios “tiene consecuencias, la gente abandona el sector público aceleradamente”, dijo Omar Zambrano economista y director de la consultora Anova.
Desesperados, en medio de la cuarentena, maestros, enfermeras y otros trabajadores públicos han protestado contra un gobierno que prometió defenderlos. Solo en octubre hubo 544 manifestaciones laborales en el país, según el no gubernamental Observatorio de Conflictividad Social.
Victor Carrillo, un profesor de educación física con 20 años de carrera, fue uno de los que se sumó en noviembre a protestar, porque el salario no le alcanza y optó por hacer reparaciones en su edificio para cubrir el pago del condominio.
La crisis evidencia que “el sector público se desmantela”, señaló Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica.
El ente recaudador de impuestos, Seniat, pagaba a sus fiscales bonificaciones especiales de casi 30 salarios al año y muchos trabajaban en operativos sorpresa para supervisar el pago de tributos de empresas y comercios con frecuencia. Ahora tiene menos de la mitad de los funcionarios que en 2012 y la mayoría gana unos 13 dólares al mes, sin recibir ningún bono extra.
“Las instalaciones del Seniat están desiertas. Si antes había 20 funcionarios en una oficina, ahora van dos”, dijo bajo anonimato uno de los fiscales con décadas de servicio. Aseguró que muchos ocupan sus horas asesorando a empresas privadas y la poca supervisión complica el cobro de una renta vital tras el desplome de los ingresos petroleros.
Otros huyen del país o improvisan como María Boyer. Ella dejó su empleo en la estatal de correos y subsiste de cocinar dulces hechos con coco por los que cobra un dólar y llevarlos a clientes en transporte público. “Cuando un día estaba almorzando en la oficina pasta sola, sin queso, renuncié”, dijo Boyer en medio de una de las entregas. “Así no podía vivir”.
(Reporte de Mayela Armas y Corina Pons, con información adicional de Maria de los Angeles Ramírez, editado en español por Gabriela Donoso)
